Se cumplió lo esperado por la mayoría de los sectores del país, y la presidenta Claudia Sheinbaum logró detener aunque sólo momentáneamente los aranceles anunciados por Donald Trump, lo que desató una caravana de aplausos por parte de morenistas y opositores que traen la agenda de paz con la presidenta.
Para algunos el tema sigue siendo un buen pedazo de carne política para roer, por ejemplo, Alex Domínguez dijo que toda la amenaza se debe a los claros nexos del gobierno de Morena con los cárteles de la droga.
También morenistas como Máyra Chávez, casi casi salieron a decir que todo México le debe la vida a Claudia Sheinbaum, pues ella es la gran salvadora de México, aunque en Ciudad Juárez el mega albergue siga sin funcionar, lo que va contrario al acuerdo entre Claudia y Trump en materia migratoria.
Sea como sea, el acuerdo ha sido tomado de manera positiva por casi todos, incluyendo a Maru Campos en Chihuahua, y al momento la consigna es mantener los acuerdos vigentes para que las amenazas no se implementen.
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El director general de Pensiones Civiles del Estado, Marco Antonio Herrera García, sí que ha heredado una dependencia en decadencia y a punto de colapsar por completo, y es que no sólo las deudas se están comiendo a PCE sino que el mal servicio mantiene enfurecidos a los derechohabientes.
Ahora tienen manifestándose a los docentes del ámbito estatal, a varios trabajadores del Gobierno del Estado e incluso a proveedores y empleados del propio Pensiones Civiles del Estado.
Todos han venido reclamando un servicio inaceptable, una farmacia prácticamente inoperante y adeudos por todos lados, por lo que el problema, lejos de resolverse se podría hacer mucho más grandes, o por lo menos eso se dice dentro de la sección 42 del SNTE.
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Los ataques con drones contra militares en la sierra de Tamaulipas y en Guadalupe y Calvo no solo exhiben la capacidad operativa del crimen organizado, sino que confirman lo que muchos han señalado durante años: el narcotráfico ha superado en estrategia y tecnología al Ejército mexicano.
Las imágenes de estos ataques recuerdan más a los bombardeos en Ucrania que a lo que debería ser un conflicto interno controlado por el Estado. La diferencia es que aquí no hay una guerra declarada entre dos naciones, sino una batalla silenciosa donde el Ejército mexicano parece pelear con las manos atadas, mal equipado y sin una estrategia contundente.
El hecho de que los cárteles mexicanos sean catalogados como grupos terroristas por Estados Unidos es un reconocimiento tácito de su alcance y peligrosidad. Sin embargo, en México, las autoridades evitan usar ese término, quizá para no aceptar lo evidente: el crimen organizado tiene el control en muchas regiones del país, y el Estado no ha sabido –o no ha querido– hacerle frente.
El debate sobre la intervención de Estados Unidos se ha avivado en los últimos meses, especialmente con Donald Trump, quien ha amenazado con tomar cartas en el asunto si México no actúa. No son pocos los que piensan que, si Trump presiona lo suficiente a Claudia Sheinbaum, la administración mexicana podría verse forzada a tomar medidas más agresivas contra el crimen organizado.
Pero esto plantea una pregunta incómoda: ¿Por qué se necesita la presión de un gobierno extranjero para combatir un problema interno? Si el gobierno mexicano no está dispuesto o no tiene la capacidad de enfrentar al narco por sí mismo, la realidad es aún más preocupante de lo que aparenta. El crimen organizado no solo desafía al Estado, sino que lo ha superado en poder de fuego, inteligencia y operación, y eso, en cualquier otro país, sería suficiente para un replanteamiento total de la estrategia de seguridad.
Hoy, el Ejército mexicano parece estar en desventaja no solo por sus limitaciones tecnológicas, sino por una política de seguridad que, hasta ahora, ha sido ineficiente. La pregunta que queda en el aire es: ¿México podrá recuperar el control antes de que la solución venga impuesta desde el extranjero?